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 LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL SUBDESARROLLO DE GUINEA ECUATORIAL

 

        Si indefinición, improvisación, inexperiencia, ineficacia, dispersión y descontrol constituyeron, en esencia, las conclusiones de la Comisión de Estudio de la Cooperación con Guinea Ecuatorial, constituida en el Congreso de los Diputados el 09.02.88,  podemos entrever que el título de este artículo no va descaminado.  Y eso que el Gobierno de la época, con la connivencia de los restantes grupos representados en la misma, impidió que el diputado Gerardo Iglesias, secretario general del Partido Comunista de España y representante de Izquierda Unida, incluyese en la resolución final el término corrupción, en referencia a la propiciada por la Administración española.

       El guion básico de este texto incluye cuatro apartados: un muy breve y necesario apunte histórico, la descripción documentada de un fracaso anunciado, la peripecia de una denuncia ciudadana ante la opinión pública y las Cortes y, por último, las propuestas colectivas que se plasmaron en el frustrado Pacto de Madrid para la Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989.

SINOPSIS 

        España, el país “sin fuerza para litigar”, que en el París bullicioso de los albores del siglo XX apenas pudo salvar algunos jirones de sus viejas posesiones en el Golfo de Guinea, reaparece, a punto de finalizar el milenio, en el París amigo y socialista del ocaso, sin credibilidad para… cooperar. 

         Relato documentado: a) de un nuevo fracaso en África por la probada incompetencia de los Gobiernos de la época; b) de cómo la opinión pública fue reiteradamente engañada por los sucesivos responsables gubernamentales y, en general, por una clase política que, a pesar de las abrumadoras denuncias de los medios de comunicación y de la evidencia de los hechos, tardó nueve años en decidir la constitución de una Comisión Parlamentaria que, a pesar de las maniobras de su presidente para evitarlo, constató el fracaso; c) de la pertinente denuncia ciudadana ante la opinión pública y las Cortes; d) de la inaceptable actitud de los políticos españoles ante un tema demasiado complicado e insignificante como para permitir que se interpusiera en sus carreras; e) de cómo se toleró el rebrote de los viejos hábitos coloniales que hicieron el juego a grupos minoritarios que manejaron sin escrúpulos los hilos de la política de cooperación con total impunidad; f) de la malversación del dinero del contribuyente, con el agravante de causar perjuicios irreparables a los destinarios de los fondos de ayuda al desarrollo ―un pueblo que estaba y sigue estando en la miseria―; g) de cómo los nuevos demócratas, sin la existencia de un estatuto del cooperante, impusieron fácilmente el silencio a los testigos cualificados, represaliando y violando los derechos constitucionales de quienes se atrevieron a denunciar los hechos; h) del relevo de España por Francia en Guinea Ecuatorial como fórmula para salvaguardar in extremis los intereses occidentales dominantes en la zona; i) de la pérdida de toda credibilidad para cooperar al desarrollo; j) de las oportunidades perdidas tras el abandono de la estrategia que se plasmó en el frustrado Pacto de Madrid para la Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989; en fin, k) de la responsabilidad en ello del presidente González Márquez y de los ingenuos dirigentes de la oposición ecuatoguineana que se dejaron embaucar.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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