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Propuestas de acción

WIKIACCIÓN  

 

 

Inmunidad parlamentaria

en España

 

Propuesta de acción

 

- Modalidad: Mensaje vía internet

- Destinatario: Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado para su traslado a los grupos parlamentarios

- Promotor/es: www.proyectointersur.org

- Inicio de la acción: 01.06.11

- Requisitos: Hacer constar nombre, apellidos y número del documento de identidad

- Participantes: Cualquier persona, con independencia de su nacionalidad

 

Copiar, rellenar y enviar este mensaje a:

 presidente@congreso.es

presidente@senado.es


 

D.                                                                                                                                      ,  de nacionalidad                                         y documento de identidad núm: 

 

Solicita, en ejercicio del derecho de petición, que traslade a los grupos parlamentarios este mensaje mediante el que se exige que se proceda, con carácter inmediato, a una reforma del reglamento de la Cámara mediante la que se sustituya la previa autorización para proceder criminalmente contra un parlamentario por la obligación del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de recabar preceptivamente un informe motivado de la Cámara sobre las eventuales implicaciones políticas de la iniciativa procesal.

 

En                                                                          , a                 de                                  , de 20          

 

DOCUMENTACIÓN

Artículo 10.

Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 11.

Durante el período de su mandato, los Diputados gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso.

Artículo 12.

El Presidente del Congreso, una vez conocida la detención de un Diputado o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que pudiere obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

Artículo 13.

1. Recibido un suplicatorio, en solicitud de la autorización del Congreso a que se refiere el artículo 11, el Presidente, previo acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados. No serán admitidos los suplicatorios que no fueren cursados y documentados en la forma exigida por las leyes procesales vigentes.

2. La Comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días tras la audiencia del interesado. La audiencia podrá evacuarse por escrito en el plazo que la Comisión fije u oralmente ante la propia Comisión.

3. Concluido el trabajo de la Comisión, la cuestión, debidamente documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara.

Artículo 14.

1. En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, el Presidente del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado.

2. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

 

Resolución de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982.


SORIANO, R.; RASILLA, L.; Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil, Ed. Comares, Granada, 2002

 

CRÍTICA

ALTERNATIVA

"Inmunidad significa que un diputado o senador no puede ser detenido o procesado en las mismas condiciones que cualquier persona, sino que se exige que la detención sea in fraganti y la inculpación y el procesamiento autorizados previamente por la Cámara a la que pertenece. Es un residuo histórico, que no tiene sentido ni justificación en nuestro tiempo. Un claro atentado al principio de igualdad ante la ley penal: el lugar del Estado de Derecho donde la igualdad de las personas debe resplandecer con mayor brillo. Los ciudadanos no pueden dejar de contemplar a la inmunidad como un privilegio de los parlamentarios, de "quienes tienen poder" y por ello se hacen inmunes a la justicia. Y como una supremacía e interferencia de uno de los poderes del Estado, el Legislativo, cuya autorización se necesita para que otro poder, el poder judicial, pueda procesar a un parlamentario.

La inmunidad tenía sentido en otros tiempos, cuando el diputado o senador representaba a una facción social; no ahora, que representa a toda la nación; y cuando se presentaba a las elecciones a título individual y no ahora, que es votado en unas listas cerradas de partido. Inmune debe ser un parlamentario que se debe y representa a votantes concretos, con los que mantiene una relación de confianza, y que no puede ser sustituido por otro. Porque es entonces cuando se pone en peligro el fin de la institución: la salvaguarda de la composición y funcionamiento de las Cortes.

La inmunidad ha incorporado un elemento más para su descrédito ante la opinión pública: haberse convertido en refugio para algunos parlamentarios con problemas con la justicia (como fue para un ministro socialista condenado en el "caso Marey") Pasando a ser de una garantía jurisdiccional a un arma política de defensa partidista: una corrupta alteración de su significado y objetivo".

Suprimir la previa autorización de la Cámara parlamentaria para proceder criminalmente contra un parlamentario, y, en su lugar, la obligación del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de recabar preceptivamente un informe de la Cámara motivado sobre las eventuales implicaciones políticas de la iniciativa procesal. Otorgar plena jurisdicción al Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), para proceder criminalmente contra un parlamentario, con el requisito previo de un informe motivado del Parlamento. Esta propuesta supone un punto medio entre la inmunidad y la simple justicia ordinaria para los representantes del pueblo.

 

 

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